La deforestación sigue imparable
Foto: Víctor García / Greenpeace
Diario El Sur. México pierde sus bosques a pasos agigantados. Tan sólo el año pasado, según datos recién publicados por el portal Global Forest Watch, del World Resources Institute, se perdieron 299 mil hectáreas de bosques y selvas, principalmente en la península de Yucatán. Esta cifra es 10 por ciento mayor que la de 2016, cuando se perdieron 274 mil hectáreas de bosques y selvas, y que ya era 40 por ciento mayor que la de 2015.
Detrás de esta crisis está la expansión de la agricultura industrial, que se está dando a costa, principalmente, de nuestras selvas tropicales. Así, dos terceras partes de las hectáreas que perdieron su cobertura arbórea están en el sureste del país, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y, muy destacadamente, Quintana Roo. En este último estado el cambio de uso de suelo ha sido brutal: en 2017 se deforestó el doble de superficie que en 2016.
La situación es tan grave que, en lo que va de este siglo, la península de Yucatán ha perdido 13 por ciento de sus selvas, y el país ha perdido 6 por ciento de todos sus bosques. Son más de 3 millones de hectáreas a nivel nacional que han sido completamente desarboladas.
El fenómeno es sencillo de explicar, pero muy complicado de combatir. El suelo vale, y tiene distintos usos. Uno de ellos es usarlo para conservar los ecosistemas originales y, con ellos, los servicios ambientales que nos brindan, la belleza que los distingue y la biodiversidad que los compone y habita. Otro es exactamente lo opuesto: quitar esos ecosistemas y sustituirlos con otros usos del suelo, como la minería, la agricultura o el desarrollo urbano. La elección entre deforestar o conservar es, en territorios como el mexicano, donde la tierra tiene dueño, una cuestión de qué es más rentable.
Si la selva vale más que la agricultura, porque se obtienen maderas en forma sustentable por ejemplo, y porque se aplica la ley que prohíbe la deforestación, además de pagarse subsidios a la conservación, entonces no habrá deforestación. Si, por el contrario, no hay quien aplique la ley; aprovechar los recursos naturales supone trámites onerosos y tardados; se reducen o eliminan los pagos para la conservación, y no se invierte en mejorar los servicios económicos –bancos, por ejemplo– en las zonas forestales, la agricultura se vuelve una opción mucho más atractiva.
Por desgracia, este último es el caso de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no tiene la capacidad para atender una superficie forestal tan grande como la que está a su cargo. La Comisión Nacional Forestal sufrió los terribles recortes presupuestales, lo que la hizo recortar también los subsidios a la conservación que entregaba. Además, se ha demostrado una y otra vez que la regulación que aplica al aprovechamiento forestal es excesiva, cara e inútil.
El gobierno siguiente enfrenta, por todo esto, un triple reto. La administración de Andrés Manuel López Obrador deberá emprender un proceso de mejora regulatoria que haga que los trámites sean un instrumento para ordenar la producción forestal, no para hacerla imposible. Deberá, además, fortalecer los recursos y las capacidades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que tenga las herramientas para efectivamente gobernar el territorio. Por último, deberá trabajar con la Secretaría de Agricultura para impulsar una forma distinta de producir y de trabajar en el campo y hacer del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales –desde los suelos hasta la madera– un motor para el desarrollo nacional y una herramienta para la conservación.
Esperemos que quienes entren al gobierno el próximo diciembre asuman de lleno estos retos y se aboquen a enfrentarlos. Sería una terrible decepción ver que, mientras la deforestación y la pobreza persisten, la nueva administración se entretiene en mudanzas u otras ocurrencias.
