Ante la crisis del sector forestal, es necesario un nuevo modelo: COCAF
Por Hugo Galletti (Asesor técnico de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Forestales de Quintana Roo A.C.) 28 de enero de 2018.
La situación forestal en el país está en crisis. Si bien es cierto que en México hay un número de ejemplos forestales comunitarios exitosos, no ha sido posible extender esta experiencia en forma ampliada. Comunidades con experiencias particularmente exitosas están rodeadas por otras que no han alcanzado un nivel mínimo de desarrollo forestal. En la mayor parte del país la organización forestal no se ha logrado estabilizar ni desarrollar, no se realiza una silvicultura intensiva y gran parte de los montes presenta una baja productividad. En el Sureste la situación es crítica, debido a que la dinámica de cambio de uso del suelo se mantiene en forma hasta el momento imparable. Éste es el panorama que visualiza la Coordinadora de Organizaciones Forestales de Quintana Roo (COCAF).
En Quintana Roo la situación es especialmente grave. De acuerdo con el Observatorio Mundial Forestal (Global Forest Watch), con 69% de su superficie cubierta de árboles este estado es el que tiene la mayor cobertura arbolada en México. Sin embargo, la misma fuente ubica a Quintana Roo entre los estados con mayor deforestación, pues entre 2001 y 2017 perdió el 12% de su superficie arbolada. Esta situación se debe en buena medida a que no hay un esquema institucional adecuado para el manejo forestal sostenible. De acuerdo con la COCAF, la producción maderable se concentra en cinco grandes ejidos, mientras que la mayor parte de la superficie forestal se encuentra en ejidos con pequeños volúmenes. A ello se suma que la mayoría de las tierras forestales están distribuidas en parcelas de usufructo individual denominadas en la región “trabajaderos”, que son el foco de la deforestación y el aprovechamiento ilegal y para los que no hay esquemas de apoyo técnico ni financiero que permitan detener dicha dinámica. A pesar de lo establecido en la Ley Agraria, dichos trabajaderos concentran la mayor parte de la superficie forestal del estado.
Mientras que las superficies ejidales designadas como áreas forestales permanentes abarcan aproximadamente 600,000 ha, los terrenos forestales en los trabajaderos suman más de dos millones. Durante las décadas de 1980 y 1990 se tuvieron experiencias exitosas de ordenamiento y manejo forestal. En esas fechas surgió el concepto de áreas forestales permanentes (=áreas compactas de uso común donde no está autorizado el uso agropecuario) y las mismas crecieron hasta abarcar 600,000 hectáreas, en el contexto de un programa regional llamado Plan Piloto Forestal de Quintana Roo. En este período, en 1986 se formó la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo (SPFEQR) y se logró la primera certificación internacional de buen manejo con los estándares del FSC otorgada a una organización social. La organización forestal tuvo especiales avances en los aspectos comerciales. El gobierno impulsaba la realización de mesas de negocio entre los ejidos forestales y los industriales locales, en las cuales ambos actores se ponían de acuerdo en forma paritaria en lo referente a volúmenes y precios de compraventa, fungiendo el gobierno como mediador y facilitador. En la década de los 80 la SPFEQR fue la primera organización social que recibió la concesión de sus servicios técnicos forestales. A su vez, en la década de los 90 la SPFEQR estableció un fondo de acopio que permitió realizar el mercadeo promocional de madera certificada de especies poco conocidas a mercados ambientalmente amigables de Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Japón. En otras partes de México surgió la figura de Unidades de Conservación y Desarrollo Forestal (UCODEFO), una instancia participativa de alcance regional que constituyó quizás la figura legal más eficiente para el desarrollo forestal establecida en el país.
Estos avances en la forestería comunitaria tuvieron su contraparte en avances en la industria privada. Varios aserraderos privados se constituyeron en industrias de transformación secundaria y se inició la formación de un cluster forestal en la ciudad de Chetumal.
Sin embargo, con la liberalización de la economía y una política pública forestal errática se produjo el estancamiento y aún el retroceso del sector forestal en Quintana Roo y en otras partes del Sureste. Al nivel federal el subsector forestal pasó del sector agropecuario al sector de medio ambiente. Ello estuvo acompañado del surgimiento de una frondosa normatividad ambiental forestal que no tomó para nada en cuenta el costo económico y organizativo de su aplicación. Al mismo tiempo, las especificidades económicas de la actividad forestal (tales como la producción a largo plazo y la estabilidad de las rentas) no se desarrollaron o no se aplicaron en la práctica mediante una actividad silvícola persistente. El concepto que animó el surgimiento de la forestería comunitaria en Quintana Roo -de que el monte debe generar un ingreso atractivo para sus dueños creando de esta manera un incentivo para su conservación- fue abandonado.
La visión de desarrollo regional también se abandonó. Los apoyos públicos se otorgaron a corto plazo y se pulverizaron entre numerosos conceptos (muchos ajenos al desarrollo forestal) y numerosos beneficiarios, constituyendo una sucesión de escopetazos al aire. Los servicios técnicos forestales también se pulverizaron. Se impulsó el establecimiento de numerosos bufetes raquíticos que no tienen ninguna relación estructural con las organizaciones sociales forestales y compiten entre sí por los ejidos para utilizarlos como vía para bajar fondos públicos (la única organización social en el estado que presta como tal los servicios técnicos forestales es la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo). El concepto de servicio forestal como algo especializado, socialmente comprometido y estructurado al nivel regional desapareció. Las organizaciones forestales regionales, anteriormente el alma de la forestería comunitaria, fueron relegadas e incluso se impulsó su desaparición. En la práctica, en aras de jugar a una libre competencia ficticia el sistema de apoyos públicos resultó particularmente ineficiente y costoso.
Esta dispersión hizo aún más impredecible la situación regional. El desfavorable entorno de negocios así generado tuvo también efectos sobre el sector forestal privado, llevando a la casi desaparición del cluster industrial de Chetumal (con la consecuente pérdida de empleos forestales) e impidiendo asimismo la llegada de nuevas inversiones. A ello se sumó que por parte del gobierno del estado hubo una posición de indiferencia cada vez mayor ante el sector forestal.
En términos de política pública ello significó no enfocar los apoyos hacia los cuellos de botella del desarrollo forestal. Un aspecto particularmente ignorado ha sido la necesidad de impulsar nuevas formas de gestión al nivel local y regional. Se pasó de una economía cerrada a una abierta, pero sin modificar los aspectos de gestión que harían posible una competencia exitosa en el nuevo entorno económico. El manejo forestal sostenible debe estar basado en una administración forestal sostenida, con un financiamiento también sostenido. En Quintana Roo, donde salvo excepciones la economía forestal registra un segundo o tercer puesto frente a las actividades agropecuarias, el cambio trienal de comisariado ejidal significa una doble incertidumbre periódica: la posible elección de autoridades que desconozcan el sector forestal y el abandono de los avances logrados.
Al nivel regional, las organizaciones forestales sociales regionales tienen ante sí el reto de integrarse como empresas de servicios en beneficio de sus socios, tomando en sus manos la extracción y la comercialización, en forma de integrar la oferta maderera regional y superar el cuello de botella de que los madereros privados tengan que ir al monte a abastecerse de la materia prima, lo cual ha dado origen a un frondoso sistema de coyotes en detrimento de los ingresos ejidales. Ello implica también a este nivel desarrollar nuevas formas de gestión.
Ante esta situación la COCAF propone líneas de acción en tres niveles:
1) Al nivel de los ejidatarios, deben impulsarse acciones para detener la dinámica de cambio de uso del suelo en los trabajaderos ejidales, las cuales deberán superar la actual acción punitiva y tener una visión de desarrollo. Ésta deberá lograrse impulsando actividades agrícolas y ganaderas intensivas y poco exigentes en superficie, reduciendo la presión actual sobre la superficie forestal de los trabajaderos, e impulsar la asociación desde la base de los ejidatarios con terrenos forestales y/o acahuales para llevar a cabo el aprovechamiento económico de los mismos. Ello conlleva reducir notoriamente las exigencias normativas y realizar una acción promocional intensiva. Acciones de este tipo implicarán por una parte valorizar una gran superficie forestal dispersa en este tipo de minifundios y al mismo tiempo realizar una ingente acción frente al cambio climático y la prestación de servicios ambientales.
2) Al nivel de los ejidos, dar importancia central al desarrollo de formas de gestión forestal especializadas y sectorizadas, que permitan alcanzar un desempeño de tipo empresarial, con mayor eficiencia y continuidad. En México, al nivel ejidal existieron formas especializadas de gestión forestal (como las Unidades Especializadas de Producción o las Unidades Productoras de Materias Primas), cuyos conceptos deberían ser rescatados y actualizados para impulsar en el sector forestal formas de gestión de tipo gerencial que permitan la continuidad de las acciones, eviten la pérdida de memoria institucional y generen una base socioeconómica más competitiva.
3) Al nivel de las organizaciones sociales forestales regionales, recuperar el espíritu de las Unidades de Conservación y Desarrollo Forestal (UCODEFOs), impulsando la consolidación de organizaciones regionales que operen como contraparte operativa del sector público. Dar prioridad a los servicios técnicos integrados a dichas organizaciones, desestimulando la operación de bufetes desestructurados y dispersos (lo cual no sólo es más eficiente sino también más barato y socialmente comprometido). Constituir a dichas organizaciones regionales en empresas de servicios en beneficio de sus socios, superando las formas de operación de las organizaciones sociales tradicionales que tenían una visión más gremial que productiva, que generen un entorno de negocios más atractivo para el desarrollo del sector.
4) Para lo anterior se deberá desarrollar en todos los niveles una fuerte contraloría social que mantenga el cumplimiento de principios éticos en los cuales deba basarse la acción social. Sin ello la propuesta amenazaría con desvirtuarse hacia prácticas sin el necesario control social.
Para mayor información:
Ing. Hugo Galletti, asesor técnico de COCAF <hugogalletti@hotmail.com>
Ponencia de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas Forestales de Quintana Roo A.C. (COCAF) en el Segundo Taller Nacional de Empresas Forestales “Bosques para el Buen Vivir”, Capulalpam, Oaxaca, Octubre de 2018
