La Corte Suprema de la India está desplazando a millones. El gobierno de Modi debe revertir la decis

The Washington Post Arun Agrawal es profesor en la Escuela para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad en la Universidad de Michigan.

Durante las últimas semanas, el espectro de la guerra ha colgado sobre el sur de Asia. Pero enterrada bajo los titulares sobre ataques terroristas, contraataques y escaramuzas de aviones de combate, está la amenaza del desplazamiento forzado, que ahora se cierne sobre las cabezas de millones de indígenas en toda la India.

En febrero, el Tribunal Supremo de la India dictaminó que los hogares indígenas y locales cuyas peticiones de tierra aún no se habían confirmado, aproximadamente 2 millones de hogares, o aproximadamente 10 millones de personas, serían desalojados de sus hogares antes del 24 de julio.

Posteriormente, el tribunal suspendió los desalojos hasta su próxima audiencia en julio, brindando un breve respiro a los residentes que están en gran parte empobrecidos y no pueden costearse la mudanza sin un daño grave, pero también prolonga su ansiedad. Ahora, el gobierno del primer ministro Narendra Modi debe pedir al Tribunal Supremo que reconsidere su decisión injusta. Si el tribunal no lo hace, el gobierno debe actuar de manera expedita para revertir la sentencia a través de la legislación.

El caso judicial en cuestión se centra en una ley de 2006 que reconoce los derechos de los hogares a nivel individual, como el de las comunidades a nivel colectivo a proteger y manejar sus áreas forestales tradicionales. Algunos investigadores han calculado que hasta 150 millones de personas se podrían beneficiar si la ley se aplicara completamente, pero esto no ha sucedido. El fallo de febrero de la Corte Suprema descarrilaría el proceso de apelaciones y ordenaría el desalojo de los hogares cuyas solicitudes iniciales fueron rechazadas, a menudo por agencias locales que tienen otros designios para la tierra en cuestión.

Pero a pesar de la decisión del tribunal, las reubicaciones no deberían ser la base de las políticas de conservación por razones éticas, científicas y electorales.

Primero, el posible desalojo de hogares indígenas y tribales de sus tierras tradicionales es un acto poco ético que afecta negativamente a millones de personas empobrecidas, en una escala que se acerca solo a la que tuvo la Partición de India y Pakistán.

Además, el litigio inicial no se basa en el mejor conocimiento científico disponible sobre la conservación y el uso humano sostenible de los recursos naturales, que reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los administradores más eficaces de los bosques y la biodiversidad del mundo.

Muchas disciplinas de investigación siguen culpando erróneamente a los pobres por su pobreza, a los que no tienen poder por los crímenes y a los pueblos indígenas de los bosques por la deforestación. El enfoque convencional de la conservación, que tiene su origen en nombres venerados como Thomas Malthus, implica la exclusión de las personas que viven en y cerca de la naturaleza que los conservacionistas buscan proteger. Este enfoque, llamado por algunos investigadores de conservación coercitiva, es una continuiación de la exclusión colonial de las comunidades locales de los recursos.

Culpar a los pueblos indígenas que tienen menos poder por la degradación ambiental es hoy en día ampliamente reconocido como incorrecto y desactualizado. La destrucción ambiental contemporánea no tiene precedentes, pero las investigaciones al respecto muestran que se debe al rápido crecimiento del consumo, las actividades extracctivas de recursos transfronterizas que operan a través del comercio internacional y la enorme concentración de riqueza mundial en manos de un pequeño número de personas que manipulan el sistema económico para proteger sus privilegios.

Por otro lado, se ha encontrado que el uso de bosques humanos a pequeña escala es esencial para mantener y replicar los sistemas diversos y resislientes. Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de economía en 2009 en parte por demostrar que las comunidades indígenas y locales a pequeña escala pueden proteger la naturaleza y gobernar los recursos de manera sostenible. Pero en lugar de trabajar con los pueblos indígenas de la India para ayudarlos a proteger la naturaleza, los conservacionistas y los forestales del país continúan su guerra contra un grupo que debería ser su aliado natural.

Finalmente, desde un punto de vista pragmático, la amenaza de desalojos de hogares indígenas podría movilizar a un gran número de votantes contra el gobierno actual en las elecciones nacionales. Con las elecciones programadas para abril y mayo, antes de que la Corte Suprema considere nuevamente el tema, la amenaza de desplazamiento pesará sobre la votación. El gobierno hindú simplemente no puede permitir los desalojos de millones de personas y luego esconderlos bajo la alfombra sin responder democr{aticamente por ello.

El conocimiento científico y los principios éticos rara vez convencen a los que tienen poder para actuar. Pero la política podría. La decisión del tribunal afectará a una población mucho mayor que los 2 millones de hogares que ahora se enfrentan al desalojo debido a vínculos sociales y culturales, y asusta a decenas de millones más que aún no han hecho sus solicitudes de rfeconocimiento de tierras. La puerta aún está abierta para que el gobierno de Modi legisle para revertir la decisión del tribunal. Ahora, millones de hindúes están esperando con ansia para ver si el gobierno cruzará la puerta o, lamentablemente, decidirá cerrarla de golpe.