Se cancelaron concesiones mineras en Capulalpam, Oaxaca.

Conferencia de prensa de las autoridades de la Comunidad Indígena de Capulalpam. Foto: El Imparcial.

Oaxaca, Oax. 11 de febrero de 2020. En octubre de 2019, luego de casi cinco años de litigio, un juzgado de Oaxaca canceló las concesiones mineras que la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía había otorgado dentro del territorio de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez. Ahora, la Secretaría de Economía está impugnando la resolución del tribunal de Oaxaca.

En efecto, en febrero de 2015, la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal, que se resolvió en octubre de 2019 a favor de la comunidad indígena. Estas concesiones habían sido otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la compañía Minera la Natividad y otros particulares. La comunidad alegó que el gobierno federal violó el derecho de la Comunidad a ser consultada previamente y a tener su consentimiento libre e informado, antes de otorgar las concesiones. Las comunidades indígenas tienen este derecho por que han cuidado los recursos naturales desde antes de que existiera el Estado Mexicano. Por eso se requiere su consentimiento, conforme quedó establecido en el “Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes“, en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” y en el Artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En conferencia de prensa, el día de hoy los representantes de la Comunidad indígena mencionaron que después del fallo a favor de ellos, se han interpuesto recursos legales en contra. Ante esto, los representantes de la comunidad dijeron estar dispuestos a seguir luchando por que se respeten sus derechos colectivos. Mencionaron que es preocupante que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, esté promoviendo los recursos legales en contra de la Comunidad Indígena y a favor de las empresas mineras.